Cartago, Costa Rica a las diecinueve horas con cuarenta y nueve minutos de nueve de marzo de dos mil catorce.

Decisión aprobada el 3 de marzo 2014.

El Grupo de Coordinación

Reafirmando su determinación de promover las reglas básicas de convivencia conocidas como las Siete Leyes Universales, las cuales, entre otras cosas prohíben rotundamente el robo y el asesinato, considerados como crímenes de los más crueles y viles;

Reconociendo la legitmidad del Derecho de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional como instrumentos que deben ser respetados para garantizar la adherencia de las partes a los protocolos de Ginebra y que en todo momento respete el Derecho Humanitario tanto así como la soberanía de los países;

Entendiendo que la población civil no debe ser perseguida ni incluida en un conflicto armado sea a lo interno a lo externo de las naciones;

Teniendo en cuenta que las vejaciones a la ciudadanía civil son de los actos que más violentan al Derecho humanitario y al régimen jurídico internacional;

Procediendo de conformidad con nuestra obligación tendiente a hacer que se respeten los derechos de las personas de conformidad con las Siete Leyes Universales no solo en Hispanoamérica sino en el mundo en general

Emitimos:

Esta solicitud a las partes involucradas en el conflicto de Crimea y en Venezuela para que dé un ceso de las violaciones de los Derechos Humanos de las personas en los respectivos países e instamos a las partes a la mesa de diálogo con el objetivo de resolver los conflictos de manera pacífica y siempre respetando al Derecho humanitario y al Derecho Internacional.

Condenamos cualquier tipo de ataque contra la ciudadanía donde ésta no haya actuado en contravención del Derecho interno, siempre y cuando+ este Derecgho respete los Siete Mandamientos Universales y el Derecho natural.

Instamos a los líderes de los respectivos países a dialogar y buscar la paz por medios alternos a la guerra, recordando que el régimen jurídico internacional es claro en proteger los derechos de las personas y que es una obligación moral de los funcionarios públicos el utilizar las herramientas de la coerción y del poder punitivo bajo el más estricto régimen de legalidad y siempre atendiendo a los principios del Derecho natural.

Convenimos en dar nuestro apoyo a aquellos procesos que busquen la paz en tanto se respete el ordenamiento jurídico internacional y más importante aún, las Siete Leyes Universales.